Un juez británico falló en contra de un hombre que quería excavar un vertedero donde, según él, hace más de 11 años se arrojó por error un disco duro con acceso a miles de bitcoins. Desde 2013, James Howells espera recuperar el disco duro de una computadora portátil que, según él, contiene la clave privada de una wallet con bitcoins que extrajo en 2009.
James Howells afirma que perdió 8000 bitcoins. El precio de esta criptomoneda rondaba los 100 mil dólares por unidad al momento de escribir esta nota, por lo que ahora esos bitcoins equivaldrían a 800 millones de dólares.
El juez del Tribunal Supremo emitió el 9 de enero su fallo a favor del acusado en el caso Howells v. Newport City Council.
Howells no tiene ninguna posibilidad realista de éxito en el juicio, dictaminó el juez. El hombre solicitó «una orden para que el acusado entregue el disco duro o permita a su equipo de expertos excavar el vertedero para encontrarlo y, como alternativa, una compensación equivalente al valor del Bitcoin al que ya no puede acceder».
La autoridad del vertedero es dueña de la basura
Excavar el vertedero permitiría que sustancias nocivas se escapen al medio ambiente, poniendo en peligro a los residentes con «riesgos potencialmente graves que plantean problemas de salud pública y preocupaciones ambientales», según el fallo.
El juez no encontró «motivos razonables para presentar el caso», afirmando que no hay «ninguna perspectiva realista de éxito si se lleva a juicio y que no hay ninguna otra razón convincente para que se desestime en el juicio». Otorgó sentencia sumaria a favor del acusado (la municipalidad de Newport, en Gales) y desestimó la demanda.
El fallo citó la Ley de Control de la Contaminación de 1974, que establece que «todo lo que otra persona entregue a la autoridad durante el uso de las instalaciones pertenecerá a la autoridad y podrá ser tratado en consecuencia».
Howells «alegó que el artículo 14(6)(c) simplemente dice que todo lo que se entregue pertenecerá a la autoridad, pero no dice que dejará de pertenecer a su antiguo propietario», dice el fallo. El juez no estuvo de acuerdo y escribió que «las palabras ‘pertenecerá a la autoridad’ no tienen ninguna salvedad ni restricción».
El reclamo también estaba impedido por el plazo de prescripción de seis años porque Howells «conocía los hechos materiales de su reclamo en noviembre de 2013, pero no inició los procedimientos hasta mayo de 2024», de acuerdo con el fallo.
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