Se pudo conocer en las últimas horas que se ha realizado una denuncia formal por la presunta comisión del delito de extorsión agravada y coacción institucional contra funcionarios fiscales del Ministerio Público del estado Carabobo, la cual esta siendo manejada ante las autoridades competentes. La acción legal señala directamente a la abogada Lyli Ladimar López Vásquez (C.I. V-8.809.573 / Inpreabogado 55.546), conocida en la región central del país por su vinculación a causas de derechos humanos y litigios penales.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, los hechos recabados en el expediente preliminar indican que la profesional del derecho presuntamente utilizaba su posición e influencia mediática para ejercer presión indebida sobre los fiscales de la circunscripción judicial de Carabobo, con el supuesto fin de direccionar o condicionar el resultado de determinadas causas judiciales en curso.
Los denunciantes indicaron que la documentación y los elementos de convicción que acompañan la acusación formal buscan que el Ministerio Público inicie una investigación penal exhaustiva para determinar el alcance de estas presuntas irregularidades y asegurar el correcto funcionamiento de la administración de justicia en la entidad.
Quién es Lily López, defensora de DDHH
En tal sentido al caso que se maneja, carabobeños conocen a Lyli López como una figura pública activa en el entorno jurídico del estado Carabobo durante las últimas décadas. En su trayectoria profesional destaca su rol como abogada litigante en materia civil y penal, así como su desempeño en la docencia universitaria y la dirección de la organización civil Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos: Libertad, Justicia y Orden.
En el ámbito nacional, López adquirió notoria relevancia pública al asumir la representación legal y vocería del Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spínola, un caso de gran impacto social vinculado a los sucesos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo en el año 2018. Asimismo, su firma y acreditación legal constan en múltiples decisiones de la Sala Constitucional, Sala Electoral y tribunales de primera instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Denuncia, y situación actual
A la par de su labor de representación en causas de derechos humanos y defensa penal privada, la abogada mantiene un perfil activo en plataformas digitales, donde difunde el estatus de sus litigios y opiniones de carácter gremial. Sin embargo, los promotores de la acción legal argumentan que la vinculación de López con este caso surge precisamente por un presunto desvirtuamiento de su rol como defensora de los Derechos Humanos.
De acuerdo con los señalamientos que sustentan el caso, se cuestiona que la profesional presuntamente recurra a medidas arbitrarias para hacer valer los derechos de sus representados, incurriendo en conductas que no corresponden a la práctica legal legítima. Los denunciantes sostienen que la abogada habría utilizado el hostigamiento y la extorsión contra los fiscales de la circunscripción de Carabobo como un mecanismo sistemático para presionar el cumplimiento de sus objetivos procesales en las causas que maneja.
Con el anuncio de esta nueva acción jurídica, se espera que los representantes legales de la parte afectada formalicen la entrega del expediente ante las autoridades de la Fiscalía del Ministerio Público en Valencia, solicitando que se inicien las investigaciones pertinentes bajo el estricto cumplimiento del debido proceso consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de determinar si existió una extralimitación delictiva en el ejercicio de sus funciones.
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